La reforma de los subsidios de desempleo, aprobada por el Ejecutivo el pasado 19 de diciembre, se ha frenado este miércoles en el Congreso de los Diputados. Forma parte del único de los tres decretos que este miércoles ha rechazado la cámara baja, tras la decisión de Junts de ausentarse en las votaciones. La norma que mejora las prestaciones de los receptores de subsidios de desempleo decae con 167 síes y 176 noes, entre ellos los de los cinco diputados de Podemos. Sí salen adelante el decreto ómnibus sobre funcionamiento de la justicia, la organización del trabajo de los funcionarios y el mecenazgo —un texto fundamental para recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos—, con 172 votos a favor y 171 en contra. Inicialmente se produjo un empate a 171 votos en el de las medidas anticrisis, pero ha salido adelante después en una segunda votación.

El texto acordado por Trabajo y Economía para reformar el subsidio de desempleo indicaba que el nuevo sistema no entraría en vigor hasta junio, así que los principales cambios aún no habían entrado en aplicación. Con todo, el voto en contra de la mayoría parlamentaria aparca, de momento, el incremento programado de las cuantías hasta 570 euros en los seis primeros meses para la mayoría de las prestaciones, de 540 en los seis siguientes y desde entonces en los actuales 480. La mayoría tienen un límite temporal de un semestre —prorrogable en función de las circunstancias—, pero el más frecuente (45% de los receptores), el de los mayores de 52 años, es el que más se puede extender temporalmente. Para ellos la cuantía se quedaría en 480 euros durante todo el periodo.

Justo esos receptores, los mayores de 52, son los que han focalizado la oposición de Podemos a la norma. El texto aprobado por el Gobierno contempla un recorte de la base de cotización que afecta negativamente a la pensión de estas personas. Ahora el Estado cotiza por estos trabajadores por una cuantía equivalente al 125% de la base mínima fijada legalmente cada año, pero con la reforma esta proporción se contrae año a año hasta el 100%. Esto acabaría conduciendo a una pensión menor a la obtenida con el anterior sistema. Los sindicatos también han criticado el recorte en la base de cotización.

El Ministerio de Trabajo explica que la cotización del 125% era un “parche para compensar” el salario mínimo interprofesional (SMI) “tan bajo” anterior a 2018, cuando gobernaba el PP. “No solo es que se haya suplido el 25% de cotización adicional que tenía el subsidio por desempleo de 52 años, sino que el salario mínimo es un 50% más alto. Antes se producían escenarios ridículos en los que había personas que cotizaban más cobrando el subsidio que trabajando. Ahora se garantiza una cotización suficiente gracias a que por fin hay un salario mínimo decente”, indican desde el departamento de Yolanda Díaz.

La reforma también amplía los colectivos que pueden percibir el subsidio, entre ellos los menores de 45 años sin cargas familiares. También se plantea una protección a los eventuales agrarios y a las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla. Además, se contempla un complemento decreciente que permita compatibilizar el trabajo con parte de la prestación durante 180 días, se elimina el mes de espera para recibir el subsidio, se simplifica la tipología de subsidios y se refuerza el control de requisitos para percibir estas ayudas.

El rechazo a este decreto también implica un parón en la mejora de los permisos por lactancia, de manera que todos los trabajadores pudieran extenderlos hasta un acumulado de 28 días. Asimismo, este texto incluía la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, una medida pactada por PSOE y PNV para la investidura de Pedro Sánchez, que entró por sorpresa en el Consejo de Ministros y que enfadó muchísimo a sindicatos y patronales.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado este miércoles contra Podemos por votar en contra de la reforma de los subsidios de desempleo, una medida que también estaba comprometida con Bruselas. “No me sorprende en absoluto. Es una gravísima irresponsabilidad”, ha dicho en una entrevista en Onda Cero. “Hoy”, ha añadido Díaz, “han votado con la derecha y la extrema derecha. Han votado no al permiso de lactancia, al incremento del subsidio por desempleo, que parece una cantidad muy humilde pero son casi 100 euros al mes, en contra de que trabajadores menores de 45 años sin cargas tengan subsidio… En definitiva, a una mejora sustancial de la protección por desempleo en nuestro país”. Preguntada sobre la posibilidad de aceptar un cambio en la reforma en la línea que plantea Podemos, Díaz ha asegurado que ya lo ha hecho al comprometerse con el BNG a aceptar futuras enmiendas en ese sentido. En la entrevista no ha especificado cuándo volverá a llevar la reforma al Consejo de Ministros.

“La política son hechos, no palabras, y los hechos son que hoy tumban una medida que mejora la vida de las trabajadores y los trabajadores de España. Tienen que rendir cuentas, esto es muy importante. La gente que menos tiene necesita lo público, y hoy el golpe es a las 730.000 personas que iban a percibir 90 euros más al mes. Las explicaciones las tendrán que dar ellos. Nosotros el próximo viernes vamos a seguir subiendo el SMI”, ha añadido Díaz. “Golpear a la gente que menos tiene sale muy caro”, ha comentado la responsable de Trabajo.

Se mantiene el escudo social

Este último decreto contiene un popurrí de medidas de alivio para los ciudadanos ante unos precios que aún no se han normalizado tras la espiral alcista desatada por el estallido del conflicto en Ucrania, además de otras medidas desvinculadas del tema inflacionario. De esta forma, se mantienen las rebajas del IVA a los alimentos básicos, las pastas y los aceites, los descuentos a los suministros energéticos y al transporte, así como en el bono social eléctrico y los topes de precio en la tarifa regulada del gas (conocida como TUR) y en la bombona de butano; se aprueba la subida de las pensiones acordada para el ejercicio y se prorrogan los impuestos extraordinarios a banca y energéticas.

Con este decreto no solo se la jugaban los consumidores. Las eléctricas aguardaban por ver qué sucedía con los impuestos especiales y de producción eléctrica, que regresan paulatinamente hacia los niveles precrisis y que, si el Congreso hubiese dicho ‘no’, habrían regresado bruscamente hasta el 5,11% y el 7%, respectivamente. El sector renovable, además, cruzaba los dedos para que saliera adelante la generosa prórroga a los proyectos incluida en el decreto, que da más tiempo a los desarrolladores para cumplir los hitos legales. Solo en este último flanco había la friolera de 30.000 millones de euros en juego, según los datos aportados este mismo miércoles por la ‘número cuatro’ del Ejecutivo, Teresa Ribera.

El texto también recoge la subida de las pensiones para el ejercicio. El Gobierno acordó un aumento general del 3,8% en 2024, en línea con la evolución de la inflación de diciembre de 2022 a noviembre de 2023. Además, el texto aprobado por el Consejo de Ministros y refrendado por el Congreso incluye alzas superiores para los más vulnerables: de entre el 5% y el 7% para las pensiones mínimas; las de viudedad con cargas familiares crecen un 14,1%; y las no contributivas (aquellas que perciben las personas que no han cotizado suficiente cuando llega su jubilación), un 6,9%. Este último guarismo también se aplica al Ingreso Mínimo Vital.

Si el Congreso hubiese tumbado el decreto anticrisis, ya este jueves tendría que publicarse su derogación en el BOE, lo que hubiese traído consecuencias automáticas. La Ley del IVA, por ejemplo, hubiera vuelto a su redacción anterior y, al tratarse de un impuesto de devengo instantáneo, los empresarios hubieran tenido que repercutirlo a tipos superiores. Los pensionistas, por su parte, hubieran tenido que esperar la aprobación de una nueva norma para gozar del incremento de las prestaciones, que hubieran cobrado más adelante con efecto retroactivo.

Luz verde a la senda de estabilidad

El Congreso también ha dado luz verde a los objetivos de déficit y deuda pública, un trámite imprescindible para avanzar en el diseño de los Presupuestos, que el Gobierno prevé tener listos para finales de marzo o principios de abril. Para este año estima un desfase entre ingresos y gastos del 3% del PIB, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. En cuanto a la deuda, se pone una meta del 106,3% este ejercicio, con la previsión de que baje al 105,4% en 2025 y al 104,4% en 2026.

Esta senda de consolidación fiscal deberá pasar después por el Senado, donde es previsible que el PP la bloquee gracias a la mayoría de la que goza en la cámara alta. Ante esta amenaza, el Ejecutivo ya ha anunciado que tiene un as en la manga, respaldado por un informe jurídico de la Abogacía del Estado: si los objetivos de estabilidad fueran rechazados dos veces, entrarían en vigor los que estaban contemplados en el Plan de Estabilidad enviado en abril a Bruselas, que son más duros para los ayuntamientos y las comunidades, la mayoría de ellas gobernadas por los populares.

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