A pesar de todas las alertas que los organismos de control hicieron frente a los cambios del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que buscan favorecer la contratación con personas de la economía popular el artículo (91) quedó finalmente aprobado tanto en la plenaria de Cámara como en la del Senado.
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El proyecto planta que las entidades estatales pueden empezar a celebrar contratos directamente hasta por la cuantía mínima –es decir desde 28 hasta unos 100 salarios mínimos en función del presupuesto del contratante- con entidades sin ánimo de lucro como son las juntas de acción comunal que hacen parte de la economía popular y comunitaria.
Para algunos expertos consultados por EL TIEMPO, esta posibilidad es una manera de abrirle la puerta a una alcalde contratacion a dedo y corrupcion.
Lo que quedó aprobado establece que estos pequeños contratos se harían a través de las denominadas asociaciones público-populares y se podrían celebrar para la ejecución de obras, o la adquisición de bienes y servicios relacionados con infraestructura social, vivienda rural, vías terciarias y caminos vecinales, cultura, infraestructura productiva local, proyectos de eficiencia energética, producción de alimentos, suministro de bienes y servicios, gestión comunitaria de saneamiento básico, economía del cuidado, fortalecimiento ambiental y comunitario y adquisición de productos de origen o destino agropecuario.
Además, se especifica que el Gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación, reglamentaria este artículo.
“Esto puede ser un gran foco de corrupción y de compra de votos con los recursos públicos”, alertó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.
Hoy en día, la ley ya permite al Estado celebrar contratos directamente con las juntas de acción comunal hasta por la menor cuantía, eso puede ser de hasta 1.000 millones de pesos depende del presupuesto de la entidad. Lo que se permitiría con los cambios del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 es que estas organizaciones de la economía popular también pueden celebrar con las entidades públicas contratos directos por la cantidad mínima (unos 116 millones de pesos).
el nuevo Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, salió a defender el artículo 91 que permite la contratación por la menor cuantía con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hacen parte de la economía popular y comunitaria.
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“Hoy ya se pueden celebrar contratos, estamos ampliando lo que se puede hacer. Te sorprenderá si el digo que es artículo fue fruto de la Comisión Primera hace años con Germán Vargas Lleras”, dijo.
Por su parte, el representante Christian Garcés dijo que este artículo Ayuda a flexibilizar la lucha contra la corrupción y disminuye los avances que se han hecho hasta el momento en descentralización. “El Gobierno va a poder contratar directamente con entidades sin ánimo de lucro. ¿Quién va a controlarlo? Millas de millones de pesos van a estar repartidos por todo el país en ‘contratitos’ de 1.000 millones de pesos”, alertó.
Como la discusión en Cámara fue más dura, finalmente en esta plenaria el artículo se reveló pero se especificó que no se podrá celebrar contratos con «personas naturales» como decía el texto sino solo con entidades sin ánimo de lucro como son las juntas de acción comunal.
Las alertas que llegaron
La primera alertó al hecho el propio fiscal general, Francisco Barbosa. Sin embargo, se le han sumado otros como la procuradora Margarita Cabello o los exfiscales Viviane Morales y Néstor Humberto Martínez.
Hace unas semanas, Barbosa aseguró que pese a ser cifras conservadoras, el erario podría quebrantarse a través del uso reiterativo de estas figuras, que pueden representar hasta 116 millones de pesos contratados de manera directa.
“Realizar excepciones sobre lo excepcional, como lo es la mínima cuantía, implica grandes dificultades para la investigación y el procesamiento de litos asociados a la celebración indebida de contratos, como la violación del régimen legal”, dijo.
Allí se llevó a cabo en el Senado el debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Sergio Acero/El Tiempo
Igualmente, dije que el artículo que permitiría a la Agencia Nacional de Contrataciones Públicas –Colombia Compra Eficiente– realizar el trámite de contratación con los actores de la economía popular en caso de ser necesario presentar el registro único del promotor (RUP) resultado “altamente preocupante”.
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La procuradora Margarita Cabello habló sobre las alertas del artículo.
César Melgarejo. EL TIEMPO.
Allá abogada margarita cabellole dijo a EL TIEMPO que en el texto propuesto amplía la contratación directa mediante la nueva modalidad de asociaciones público-populares, la cual no está definida en relación con su objeto estatutario y la reconocida idoneidad adecuada para desarrollar los objetos contractuales, además de la experiencia en la ejecución y administración de recursos públicos y capacidad financiera.
«Sobre la idoneidad que se requiere a los contratistas, por ejemplo, en materia de ejecución de infraestructura vía acueductos, debe tenerse en cuenta que la Ley 842 de 2003 reglamenta la profesión de ingeniero y precisamente requiere tal calidad para el ejercicio de estas actividades. Por otra parte, se permitiría contratar por el monto de la mínima cuantía de la entidad contratante, cualquiera que se esta, sin consideración de la capacidad financiera que podría exigirse de la asociación público-popular”, dijo.
Una opinión similar sostiene el Exfiscal General Viviane Morales, Quien asegura que bajo el título seductor de la economía popular y de la «inclusión» quiere entregarle al Gobierno la discreción total para que contrate con sus amigos y con sus bases políticas frecuentes todo lo que quiera.
“Con el cuento de que hay que priorizar la contratación con los indígenas, las organizaciones étnicas territoriales, las comunidades negras afrocolombianas, raizales, palenqueras, rom, etc., lo que verdaderamente quieren es detruir los principios constitucionales de la contratación pública con el fin de entregársela toda a los amigos ya las bases electorales del Pacto Histórico (…). Non es cierto que vayan a contratar con los campesinos; van a contratar con la organización campesina del Pacto Histórico”, sentenció en una columna de este medio.
Néstor Humberto Martíne, exfiscal opinó sobre el artículo.
Milton Díaz / EL TIEMPO
El exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira también le dijo a EL TIEMPO que esta propuesta rompe los principios constitucionales de la selección objectiva y de transparencia porque se escoge a un contratista directamente no en razón de elementos objetivos, sino de política puca para favore a entes de economía popular. Asimismo, en cuanto se vulnere el régimen de competencia en la medida en que se establezcan las reglas de la libre competencia en el mercado, de tal manera que se discrimine a los empresarios establecidos en la economía popular.
“Se facilitó la corrupción en los medios a través de la contratación directa Serán muchas las entidades que se organicen bajo formas asociativas populares para la obtención de beneficios contractuales del Estado de manera espuria”, sentenció.