«Que venga el juez. ¡Veamos el gran gasto y el ridículo que hacen las fuerzas de seguridad del Estado!», exclamó Byron Lima el 15 de febrero de 2013, con la impunidad que hace sens el poder, creyéndose intocable.
Hasta entonces lo fue. Pero el excapitán del Ejército de Guatemala, condenado a 20 años de prisión por colaborar en el asesinato de monseñor Juan Gerardi, había sido recapturado, por «evasión», que no fuga. Por salir «a pasear», algo que aparentemente hacía con frecuencia.
Así lo anunció el ministerio de Gobernación, a bombo y platillo. Y el caso también le costó el cargo al entonces director del sistema penitenciario.
Pero la noticia caducó en un día. El 16 de febrero se tomó la decisión de depreciar el cargo que se le imputaba al Ministerio Público, la Fiscalía, de la misma manera que en otras 13 ocasiones anteriores.
Byron Lima, el reo «paisa» más poderoso, el prisionero más fuerte entre quienes no pertenecen a las pandillas, seguía estando blindado.
Estos días Lima intentó poner en «ridículo», como prometió aquella vez, a quienes osaron imputarlo.
«Líder» del Criminal Rojo
La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), órgano temporal de Naciones Unidas, volvió a llegar ante el juez; algo que los tres últimos gobiernos no pueden.
Este organismo, que posee los atributos de un fiscal internacional pero opera bajo las leyes guatemaltecas, podría presentar constancia que se encuentra en Lima al frente de una organización criminal y en la que supuestamente estaba involucrado el titular de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Edgar Camargue .
Junto a la investigación, la principal actividad delictiva del grupo será el traslado de presos de un penal a otro. Y por cada uno de los traslados Camargo cobraba unos US$6.000.
Camargo fue detenido el 3 de septiembre.
Además, Lima es imputado por lavado de dinero, asociación ilícita, tráfico de influencias y uso de teléfonos móviles de manera ilegal en prisión.
Antes de que la Cicig «reorientara» la investigación, durante años la Fiscalía había abierto contra el exmilitar 12 causas penales, por casos que iban desde amenazas, extorsiones y agresiones, hasta tráfico de drogas.
En septiembre de 2009, la Procuraduría de Derechos Humanos abrió un expediente. Se le acusó de someter a 12 reos de Pavoncito, la cárcel en la que está convicto, a castigos físicos y psicológicos. Según una denuncia, Lima dio las órdenes y 50 presos a sus órdenes las cumplian al pie de la letra.
Sin embargo, todos estos intentos fueron desestimados -como la relativa a la «evasión»-, archivados o no se obtuvieron pruebas necesarias para llegar ante un juzgado.
Ni siquiera trasladaron a Lima a otra cárcel. Sí teniendo en cuenta, además, que Pavoncito es un centro preventivo y Lima ya fue condenado, por lo que no debería estar allí.
«Conozco bien el negocio»
Así que, ¿cómo ha podido terminar la investigación de la Cicig en una imputación? ¿Cuál a sido la clave?
Es el comisario Iván Velásquez, quien encabeza las organizaciones, el que respondió a las preguntas de BBC Mundo.
«Lo importante es que llegamos, con mucha confidencialidad, a poder verificar cada uno de los elementos encontrados y presentar así una investigación muy bien sostenida», explicó Teléfono desde Guatemala.
«La clave fue no presentar pruebas testimoniales, sino verificaciones de hechos delictivos».
Uno de estos fue una llamada que hizo Lima el 16 de agosto desde Pavoncito.
«Si no hubiera problema ya estarían aquí los otros dos, ¿no?», the preguntaba desde prisión a Carlos Cermeño, uno de los supuestos enlaces entre el exmilitar y el entonces director del sistema penitenciario.
Lima hacía referencia al traslado de los hermanos Édgar Enrique y Silverio Otto Chicas de León, procesados por tráfico de drogas. La transferencia no se hizo con la misma celeridad que en otros casos.
«Yo tengo 15 años de saber de este negocio. La verdad es que no necesito la cola de nadie, vos», se escucha en la grabación, según el diario Prensa Libre.
El preso mas poderoso
«¿Es Byron Lima es preso más poderoso del país, tal como se está diciendo?», preguntó BBC Mundo a Velásquez.
«Sí, era realmente un preso con mucho poder», afirmó el comisionado, haciendo resaltar en el tiempo pasado. «Tenía el manejo de la cárcel donde se encontraba, conseguía trasladar a quien quisiera».
Según la Ley del Régimen Penitenciario, son los jueces los únicos que pueden autorizar el traslado de un centro penitenciario a otro. Sin embargo, en caso de emergencia, permita que la Dirección General del Sistema Penitenciario los decida, dando cuenta inmediata a un juez. Yes ese el resquicio del que se valía la red de Lima.
El periodista del medio guatemalteco Plaza públicaRodrigo Baires, está de acuerdo con lo que dijo Velásquez sur la autoridad del exmilitar.
Lleva dos años siguiendo la pista a Lima y aseguró a BBC Mundo: «Es el preso con más poder del país y está acusado del delito político más grave en los últimos 15 años de historia de Guatemala».
Lo que está claro es que Lima es un preso con muchos contactos y mucha información.