El Congreso de Guatemala volvió a fracasar en su intento por elegir a los directores titulares y suplentes que conformarán el directorio de la futura Superintendencia de Competencia, un órgano clave para promover la libre competencia y prevenir prácticas monopólicas en el país. Pese a que el punto estaba en la agenda legislativa y se esperaba avanzar en la designación de las autoridades, la sesión se disolvió sin llegar a ningún acuerdo.
Con este aplazamiento adicional, ya son varios los intentos fallidos del Legislativo para cumplir con este mandato legal, lo cual ha causado inquietud entre sectores económicos y sociales que exigen transparencia, rapidez y responsabilidad institucional en el proceso.
El Parlamento posee la facultad de seleccionar a los cinco integrantes del consejo —tres titulares y dos suplentes— a partir de una lista de candidatos que fueron previamente examinados y presentados por la Comisión de Postulación, que realizó un proceso de selección que abarcó el análisis de currículums, entrevistas y evaluación de impugnaciones. El listado definitivo incluye aspirantes con formación técnica en las áreas de economía, derecho y administración pública.
No obstante, las divisiones entre los diferentes grupos políticos han obstaculizado el progreso de la votación. En la última sesión, varios parlamentarios se retiraron del pleno antes de comenzar con el debate del asunto, lo cual resultó en la falta del quórum necesario para proceder con la elección.
La fundación de la Superintendencia de Competencia fue aprobada en 2022 como parte de una reforma diseñada para fortalecer el marco institucional económico del país y cumplir con compromisos internacionales, incluyendo requisitos para acceder a algunos tratados comerciales. Este organismo tendrá como funciones principales investigar y penalizar conductas anticompetitivas, supervisar los mercados y fomentar condiciones justas para los diversos participantes económicos.
Sin embargo, la ausencia de nombramiento de su junta directiva ha impedido que la entidad comience a operar. Mientras tanto, se acumulan quejas sobre potenciales abusos de poder en áreas estratégicas, lo que aumenta la urgencia de que la Superintendencia inicie sus actividades.
Distintos actores del sector privado y organizaciones civiles han manifestado su inquietud ante el estancamiento del proceso. Consideran que esta situación no solo retrasa la implementación de una herramienta necesaria para mejorar la competitividad, sino que también envía señales negativas a los inversionistas y debilita la institucionalidad democrática.
Varios legisladores han expresado su interés en proseguir con las conversaciones para lograr consensos en la siguiente sesión plenaria. No obstante, diversos grupos señalan que hay intereses políticos que intentan poner trabas a la elección, ya sea por desacuerdos sobre los perfiles sugeridos o por cálculos estratégicos asociados a cuotas de poder.
La legislación indica que el Congreso tiene la obligación de seleccionar a los miembros del directorio a través de una mayoría calificada, lo cual requiere un consenso extenso entre las múltiples fuerzas presentes en el hemiciclo. En los intentos previos, la falta de votos necesarios ha sido un factor común, a pesar de que la lista de candidatos ha estado accesible desde hace mucho tiempo.
A medida que se prolonga la demora, se incrementan las presiones tanto nacionales como internacionales para que el Legislativo cumpla con su deber constitucional y permita que la Superintendencia de Competencia comience a operar.
El país continúa sin una autoridad autónoma que vele por un entorno económico justo, dejando sin defensa efectiva a consumidores y pequeñas empresas frente a eventuales prácticas abusivas de grandes corporaciones. La situación se convierte en un reflejo de las dificultades estructurales que enfrenta el sistema político guatemalteco para tomar decisiones clave, incluso en temas de interés general que podrían beneficiar ampliamente al desarrollo económico.
El reto ahora para los diputados es recuperar el ritmo legislativo y demostrar compromiso con la modernización institucional. La elección del directorio no solo significaría el cumplimiento de un deber legal, sino también un paso esencial hacia un sistema económico más equitativo y transparente.
