Miles de empleados se encuentran en una situación de incertidumbre económica debido al cierre del Gobierno federal de EE.UU., mientras que otros continúan recibiendo sus salarios sin interrupciones.
En periodos de cambios políticos y económicos, la clausura provisional de las agencias federales representa un reto considerable para una gran cantidad de trabajadores del sector público. Mientras que ciertos individuos percibirán su remuneración puntualmente, otros enfrentarán una coyuntura más complicada. Seguidamente, analizaremos quiénes tienen derecho a recibir su salario y quiénes no en estas eventualidades, con el fin de esclarecer una cuestión que impacta tanto a los hogares como al panorama económico global.
¿Quiénes siguen cobrando durante el cierre?
Los empleados catalogados como “esenciales” o “exentos” mantienen sus actividades laborales durante una interrupción de las operaciones del Gobierno federal y, consecuentemente, continúan percibiendo sus salarios. Estos individuos desempeñan funciones en sectores vitales como la seguridad nacional, la salud pública, la prevención de catástrofes, la administración de fronteras y otras tareas que no pueden detenerse sin poner en peligro a la comunidad. Por ejemplo, en este grupo se incluyen agentes de la patrulla fronteriza, personal de hospitales militares y especialistas en vigilancia de pandemias. Su trabajo es considerado imprescindible y se les requiere asistir a sus puestos incluso si no se ha aprobado el presupuesto para su entidad.
Además, los contratistas federales que prestan servicios esenciales pueden también estar en la lista de quienes siguen cobrando, siempre que su trabajo esté incluido en el contrato bajo condiciones de emergencia o continuidad operativa. En estos casos se garantiza el pago inmediato, sin esperar a que se restablezca el presupuesto.
¿Qué ocurre con los trabajadores considerados “no esenciales”?
Los empleados federales cuyas responsabilidades no son críticas, conocidos como “no esenciales” o “no exentos”, a diferencia de aquellos considerados fundamentales, pueden ser suspendidos temporalmente (furloughed) si ocurre un cierre. Bajo esta circunstancia, sus ingresos se interrumpen hasta que la financiación de su entidad sea restaurada. Por ejemplo, el personal de áreas administrativas que no interactúa directamente con situaciones de emergencia o servicios vitales, generalmente se encuentra en esta posición.
Mientras se encuentran en un estado de suspensión, estos empleados no llevan a cabo sus funciones laborales, si bien en muchos casos siguen siendo considerados «empleados» desde una perspectiva legal. No perciben remuneración por las horas no trabajadas, y la reactivación de su sueldo está condicionada a que el Congreso apruebe nuevamente los fondos. En ocasiones se han dado autorizaciones salariales con carácter retroactivo, pero esto no es una garantía ni ocurre de forma automática.
¿Y los contratistas no esenciales?
Los contratistas que no ofrecen servicios esenciales enfrentan una mayor vulnerabilidad. Si la agencia federal para la que trabajan no está recibiendo presupuesto, el contrato puede paralizarse. Aunque hay mecanismos que permiten que algunos reciban pago retroactivo una vez que se restablezca el financiamiento, el cobro inmediato no está asegurado. Por tanto, su situación es más incierta que la de los empleados federales directos designados como “esenciales”.
Impactos económicos y personales del cierre
Un cierre gubernamental no solo paraliza las actividades de algunas dependencias, sino que además provoca efectos directos en las familias de los empleados, en las localidades que reciben los servicios y en la economía del país. Los trabajadores que mantienen su remuneración sin interrupciones disfrutan de estabilidad económica. No obstante, para quienes se encuentran suspendidos, la ausencia de ingresos puede ocasionar dificultades para afrontar hipotecas, cuotas de vehículos, gastos educativos o de salud.
Las empresas que dependen del gasto federal —por ejemplo, en zonas donde el Gobierno es un empleador importante— también sufren al disminuir drásticamente el poder adquisitivo de los trabajadores suspendidos. Esto puede generar una cadena de efectos: menos consumo, menor actividad comercial, retrasos en proyectos claves, y un impacto macroeconómico que puede crecer si el cierre se prolonga.
Aspectos extra a tener en cuenta y cómo alistarse
Frente a la eventualidad de un cierre, tanto trabajadores como contratistas y sus familias pueden tomar medidas preventivas para reducir sus efectos. Disponer de un fondo de contingencia que cubra entre tres y seis meses de gastos es fundamental. Es importante examinar los acuerdos de servicio para determinar si la labor se considera esencial, lo que podría influir en la continuidad de los ingresos. Además, seguir de cerca las resoluciones del Congreso y del Ejecutivo en materia de financiación es crucial para prever una pronta reactivación de los pagos o la implementación de ayudas con carácter retroactivo.
