Las personas con enfermedades mentales, al igual que todos los demás, tienen derechos esenciales protegidos por leyes nacionales y convenios internacionales. Estos derechos están diseñados para asegurar la igualdad, el respeto por la dignidad humana y la prevención de cualquier tipo de discriminación, garantizando así el acceso a una vida completa y con sentido.
Principios básicos reconocidos por el derecho internacional
El acuerdo jurídico más importante globalmente es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que menciona de manera explícita a las personas con trastornos mentales dentro de la categoría de «discapacidad psicosocial». Este tratado destaca el principio de igualdad ante la ley y la oposición a cualquier acto discriminatorio por motivos de discapacidad mental.
Entre los derechos específicos recogidos destacan:
1. Derecho a la igualdad de trato: está prohibido discriminar a individuos con diagnósticos de salud mental en áreas como el trabajo, la educación, los servicios médicos o la vida social. Esto significa eliminar obstáculos legales, administrativos y culturales que mantienen el estigma o la marginación.
2. Derecho a la autonomía e independencia: según la Convención, las personas con trastornos mentales tienen libertad de tomar decisiones relativas a su vida, incluyendo el consentimiento informado sobre las intervenciones psiquiátricas o médicas. Se promueven, incluso, sistemas de apoyo para la toma de decisiones, evitando sustituciones de la voluntad, como la tutela absoluta o la interdicción.
3. Derecho al bienestar mental y físico: se debe proporcionar atención de calidad que sea accesible y bajo condiciones equitativas. Esto incluye la disponibilidad de tratamientos, terapias de recuperación y servicios de apoyo comunitarios, dando prioridad al mínimo uso posible de hospitalizaciones involuntarias y restricciones, acorde a los estándares de derechos humanos.
La cobertura jurídica en todo el país
En numerosos países hispanohablantes, las constituciones, legislaciones especiales y códigos civiles o de salud resguardan los derechos de aquellos con afecciones mentales. Por ejemplo:
– En España, la Ley General de derechos de las personas con discapacidad reconoce el derecho a la integración plena y la protección constitucional frente a cualquier discriminación. – En Argentina, la Ley Nacional de Salud Mental sostiene principios como la desmanicomialización, el respeto a la voluntad del usuario y el fortalecimiento de la atención comunitaria, prohibiendo la internación prolongada sin evaluación judicial. – México ha avanzado en reformas que protegen la integridad física, la dignidad y la especial protección de meninas, niños y adolescentes con padecimientos mentales.
Casos de incumplimiento y prácticas recomendadas
A pesar de los marcos legales, la realidad cotidiana muestra desafíos constantes. Ejemplos de vulneración incluyen el encierro en instituciones psiquiátricas sin causa judicial, la negación de procedimientos médicos por prejuicio, y el aislamiento social, laboral o familiar por razones diagnósticas.
Frente a esto, algunos países desarrollan modelos de atención basados en la inclusión, como las casas de medio camino, los grupos de apoyo de pares y los programas de inserción laboral protegida, que demuestran que el ejercicio de los derechos no solo es posible, sino que beneficia a toda la sociedad.
El rol de la sociedad y el reto de la desestigmatización
Además de la normativa, pesa una responsabilidad ética y cultural: transformar la percepción social para erradicar la estigmatización. Iniciativas de sensibilización, campañas en medios y formación profesional en salud mental son pasos clave para consolidar estos derechos en la vida cotidiana.
El reconocimiento de los derechos
El respeto integral a los derechos de las personas con trastornos mentales trasciende la mera legalidad y exige el compromiso de instituciones, profesionales y ciudadanía. El reconocimiento y la aplicación efectiva de estos derechos constituyen no solo un deber jurídico, sino una expresión tangible de justicia social, pluralidad y humanidad compartida.
