La creciente presión económica llevó a los gobernadores de todas las provincias argentinas a protagonizar una acción coordinada sin precedentes en lo que va del actual mandato presidencial. En una reunión clave, los 24 mandatarios provinciales se alinearon para reclamar una reestructuración en la distribución de recursos nacionales y proponer medidas concretas que alivien la crisis financiera que atraviesan sus distritos. Esta convergencia inesperada de intereses políticos, tanto de oficialismo como de oposición, resalta la gravedad de la situación y marca un hito en las relaciones entre Nación y provincias.
El inicio de este acuerdo surgió de la inquietud común ante la disminución continua de los ingresos provinciales a partir de finales de 2023, causada por una mezcla de elementos como el ajuste fiscal a nivel nacional, la detención de proyectos públicos y la significativa reducción de transferencias no automáticas. De acuerdo con estimaciones de la provincia, desde noviembre de ese año hasta mayo de 2025, se dejó de recibir cerca de 30 billones de pesos. Esta cifra contempla pérdidas por coparticipación, fondos manejados a discreción y recursos no utilizados que solían asignarse a programas locales.
Ante esta situación, los gobernadores impulsaron una iniciativa legislativa para suprimir dos fondos fiduciarios financiados por el impuesto a los combustibles, originalmente destinados a proyectos de infraestructura. El objetivo es reasignar esos fondos hacia la masa coparticipable, permitiendo a las provincias decidir libremente su uso, sin las limitaciones establecidas por el gobierno central. Al mismo tiempo, se sugiere distribuir equitativamente el excedente de los Aportes del Tesoro Nacional, que actualmente gestiona el Ejecutivo, siguiendo criterios similares a los de la coparticipación primaria y secundaria.
Un argumento central de los gobernantes es que no están pidiendo más dinero, sino simplemente la recuperación de lo que les pertenece. Argumentan que estos recursos ayudarían a equilibrar las finanzas provinciales sin comprometer el superávit fiscal que el gobierno nacional ha establecido como prioritario. También destacan que, si el discurso oficial ha indicado que los fondos fiduciarios son instrumentos ineficientes o manipulables políticamente, no hay motivos para oponerse a su eliminación.
El movimiento generó respuestas en la Casa Rosada. Desde el Ejecutivo se adelantó que se planteará una propuesta alternativa, con la condición de no modificar el equilibrio fiscal. Sin embargo, se destacó que los fondos fiduciarios tienen un propósito específico: el cuidado de carreteras nacionales, y su eliminación debería asegurar que esos recursos no se aparten de su objetivo original.
El conflicto entre Nación y provincias no es algo reciente. Hace algunas semanas, la deducción de una porción de la coparticipación a Chubut provocó una serie de quejas a nivel regional e inició procesos judiciales. Esta provincia del sur obtuvo el apoyo de otras regiones, formando un bloque unido que se traduce ahora en esta nueva propuesta legal. La disputa alcanzó un nivel tal que involucró acusaciones penales de un lado al otro, mostrando la intensificación del enfrentamiento entre el federalismo de las provincias y el centralismo en temas fiscales.
El Consejo Federal de Inversiones funcionó como articulador de los encuentros y el diseño del proyecto. En las mesas de trabajo, los gobernadores acordaron avanzar de forma institucional y coordinada. El consenso alcanzado refleja no solo una respuesta a una coyuntura económica asfixiante, sino también una señal política clara: el federalismo exige una redefinición del vínculo financiero con el Estado nacional.
Aparte de la situación actual, la propuesta genera preguntas sobre el balance de poder entre las provincias y la Nación. La habilidad de los gobernadores para coordinar demandas comunes e impulsar proyectos legislativos conjuntos podría señalar el comienzo de una fase de mayor relevancia provincial en la política nacional. La administración central, mientras tanto, tendrá que determinar si cede ante esta presión conjunta o si fortalece su estrategia de control del presupuesto.
En un escenario de mayor debilidad institucional y agotamiento político, este enfoque federalista inicia una fase diferente de diálogos, tensiones y reconfiguraciones. El desenlace de esta disputa será crucial para trazar los futuros episodios de la relación entre el poder central y los gobiernos regionales, así como para entender cuánto tiempo el equilibrio fiscal puede sostenerse sin ignorar las necesidades sociales y económicas en el interior del país.
