El secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha apuntado este jueves al verano como fecha tope para que los empresarios y los sindicatos pacten con el Ejecutivo cómo reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, un compromiso que está recogido en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar. Sordo ha recordado que se mantienen los dos espacios de negociación, uno bilateral entre patronal y sindicatos y otro en el que también está el Ministerio de Trabajo. Aunque no existen plazos oficiales en estas mesas de diálogo, el líder sindical ha señalado que “antes del verano habría que ver claramente si es posible transitar hacia un acuerdo tripartito o no”. Y acto seguido ha precisado: “Si el acuerdo tripartito no es posible, vamos a exigir al Gobierno que actúe, pero en nuestra opinión la negociación tiene una oportunidad y creemos que hay que explorarla”.
La celebración de elecciones autonómicas en el País Vasco el 21 de abril y los comicios europeos a principios de junio dificultarán a todas luces que el pacto salga adelante antes del verano, si bien los negociadores siguen manteniendo conversaciones. Es más, Sordo ha asegurado que, aunque “no hay excesivos avances, sí hay una voluntad negociadora por todas las partes”.
El margen para el acuerdo tripartito radica fundamentalmente en que patronal y sindicatos se pongan de acuerdo en cómo transitar hacia esas 37,5 horas, algo que podría allanarse en la propia negociación colectiva ya de este año y los próximos. El Gobierno, por su parte, también marcará el diseño de esta implantación para cumplir su propio compromiso de legislatura, que indica que la reducción de jornada tiene que estar vigente en 2025. Pero ni siquiera un posible acuerdo tripartito sería garantía de que la reducción de jornada salga adelante. El cambio en el Estatuto de los Trabajadores exigirá posiblemente la aprobación en el Congreso y Senado de un proyecto de ley, que deberá pelear el Gobierno en un difícil contexto parlamentario.
Sordo ha hecho estas declaraciones durante la presentación del informe Las mejoras del empleo avanzan en la transformación del modelo productivo, elaborado por el Gabinete económico de su sindicato. Ese análisis indica que desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en 2018 hasta la fecha, y pese a la sacudida de la pandemia mundial de covid, la economía española ha creado 1,58 millones de empleos asalariados netos. Pero, sobre todo, el documento destaca que la ocupación crece más en sectores intensivos en conocimiento, productividad y valor añadido. Las actividades profesionales científico técnicas registran una avance en los últimos seis años del 39%; seguidas por el área de información y telecomunicaciones (33%), y por la sanidad y los servicios sociales (24%).
Sordo ha hecho hincapié en que, además, este repunte de las ocupaciones más cualificadas se ha dado de forma transversal en todas las actividades, incluidas aquellas donde las profesiones técnicas tenían un peso reducido. Pero al ser preguntado sobre si los efectos de la reforma laboral, sobre todo en materia de reducción de la temporalidad, se estarían agotando, ha sugerido que la clave para culminar este “germen del cambio del modelo productivo” no está en nuevas reformas de la legislación laboral. Estas, ha desarrollado, por sí solas no crean empleo, y por ello ha apuntado a una mayor inversión publica, pero fundamentalmente privada, a través del despliegue adecuado de los fondos europeos Next Generation.
Para el secretario general de CC OO, “hay margen para seguir modificando el régimen de incentivos laborales”, en referencia a una mejora de los salarios y a la reducción de la jornada. “Sería una apuesta por que la productividad económica mejore en el largo plazo en términos de país”, ha insistido. Aunque también ha alertado de que toda apuesta tiene riesgos: que se vuelva a los salarios de miseria, la contratación precaria o a los incentivos en sectores como el inmobiliario, ha enumerado. “Hay que evitar recuperar las viejas inercias extractivas y parasitarias del viejo capitalismo español. Que nadie se forre por pagar salarios de 600 euros, por horas jornadas interminables, o porque especule con los alquileres o las compraventas de inmuebles”, ha concluido.
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