Las declaraciones de Salvatore Mancuso dieron visibilidad a lo que por años se han enfrentado en la frontera colombo-venezolana: el Horror de las desapariciones, asesinatos, reclutamientos y demás vejaciones de los grupos irregulares tiene carácter binacional.
(Lea además: ‘Gustavo Petro fue parte de los objetivos militares que nos entregó el DAS’: Mancuso)
Segun Mancuso, son 200 los cuerpos depositados en fosas comunes en municipios del estado venezolano de Táchiradonde, según su gobernador, operan 12 estructuras del Ejército de Liberación Nacional (Eln), tres de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), una del Ejército Popular de Liberación (Epl) y tres del Clan del Golfo.
Pero hay que sumarle la actuación de 45 grupos paramilitares instalados en el Norte de Santander y que, según Freddy Bernal, gobernador del Táchira, «intentan tomar la frontera».
La sumatoria se amplía con la participación de 26 grupos criminales del Tren de Aragua, la banda criminal exportada desde Venezuela a varios países de América Latina.
Se detalla en los números da días después de que los ministros de Defensa de ambas naciones, Iván Velázquez y Vladimir Padrino López, se reunieran en Caracas para abordar temas relacionados a los pasos fronterizos, en los que las mafias no han podido ser disueltas y en los que ambos Estados lucen débiles al accionar criminal.
Ahora, Mancuso no detalló la nacionalidad de esas 200 víctimas, de las que son tanto venezolanos como colombianos. Hoy muchas familias no saben el desfile de sus seres queridos ni si se encuentran en alguna de esas fosas.
Por ejemplo, después de 10 años, en el estado Táchira, un joven llamado Andrés decidió vender una computadora para obtener dinero y cubrir los gastos del nacimiento de su hijo. A los 22 años había dejado embarazada a su novia y debía buscar la manera de solventar el parto.
Este era el panorama en los pasos irregulares tras la reapertura del tránsito peatonal de los puentes binacionales, en Norte de Santander.
Gustavo A. Castillo Arenas / EL TIEMPO
Su amigo Juan comentó que en Cúcuta darían un buen monto por la compra de la computadora y que él lo podría acompañar «porque cruzar la frontera era un peligro», pero juntos serían más seguros. Al menos así lo relató a EL TIEMPO uno de sus familiares, que ahora vive en Caracas, la capital venezolana.
Ambos muchachos salieron muy temprano pues no vivian cerca de la frontera. Sin embargo, Andrés nunca retrocedió. Juan sí volvió, pero no abandonó dar una explicación coherente. Primero, dijo que Andrés se perdió y no se pudo encontrar y luego las versiones cambiaron con los días.
Después de tantas investigaciones, se supone que Andrés estaba en manos de las Farc, contó uno de sus familiares. Juan no volvió al pueblo.
se llevó a cabo una operación coordinada junto con el Gaula Militar Arauca, CTI y Policía Nacional.
Juan Pablo Rueda Bustamante. Archivos EL TIEMPO
Hasta hoy, la madre de Andrés sigue esperando a su hijo en la sala de su casa. La cama la puso en la entrada de la vivienda y duerme ahí «esperando que el joven regrese», dice el familiar, quien prefiere no ahondar en detalles por temor.
Testimonios como este forman parte de las estadísticas que manejan algunas organizaciones. Fundaredes, por ejemplo, en su más reciente informa en detalle que desde el 2019 hasta finales del 2022, tiene un registro de 942 personas desaparecidas, a esto se le añade que 228 familias esperan respuestas de las autoridades del Estado para conocer el desfile de sus familiares.
Las declaraciones de Mancuso contrastan con el seguimiento que por años han hecho las ONG. Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo y director general del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), considere que a la cifra de 200 víctimas habría que sumarle al menos 300 ciudadanos desaparecidos en trochas desde el año 2015.
Con todo el revuelo, en el estado Táchira fue instalado un operativo de seguridad qu’ya ya algunos detenidos y la instalación de una línea telefónica para reportar hechos de violencia o prevenirlos.
El gobierno tachirense informó sobre la muerte de muy ciudadanos presuntamente involucrados en asuntos delictivos. Fueron identificado como Acuña Gómez de 24 años, conocido como Diómedes; Acosta Carrero, de 23 años, y Rodríguez Vargas, alias Bocachico, de 25. Tres individuos lograron darse cuenta de la fuga.
El número de teléfono +58416 4958611 fue habilitado por las autoridades para recibir denuncias de los municipios fronterizos.
“Lamentablemente en Colombia los grupos armados han visto un puesto en el norte de Santander, más de 18 grupos de personajes paramilitares y 26 bandas criminales. Ahora ellos fingen extrapolar la violencia al Táchira, pero no se lo vamos a permitir, por eso pusimos en marcha el plan Operación Frontera de Paz”, dijo el gobernador Bernal.
Tenemos años denunciando las asociaciones criminales que no solo se mantienen en las llamadas trochas
Para Karim Vera, coordinadora del partido opositor venezolano Primero Justicia, en el estado Táchira, las declaraciones de Mancuso deben dar paso tiene una investigación transparente.
“Tenemos años denunciando las asociaciones criminales que no solo se mantienen en las llamadas trochas, sino que ha trascendido a gran parte del estado Táchira, entre grupos irregulares y funcionarios de cuerpos de seguridad venezolanos que hacen vida en la frontera”, dijo la exdiputada.
Aunque los gobiernos de ambos países acordaron «unos prontos y eficaces mecanismos institucionales» para localizar los restos mortales de las víctimas del conflicto, Vera cree que no es suficiente con localizar los restos sino que además debe existir «voluntad política para combatir el flagelo que se dan en los pasos regulares e irregulares que se mantienen activos una vez que se abre la frontera”.
Para Marino Alvarado, de Provea, la participación de Naciones Unidas en este proceso es importante y que se la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos con personal en terreno, tanto en Colombia como en Venezuela, que ayude a la localización de los restos de las víctimas.
«Acá, sin duda, de lo que sí hay certeza, es que del lado venezolano hay una responsabilidad, ya sea por acción, porque hubo funcionarios que colaboraron, o por omisión, lo que muestra la incapacidad de las autoridades para garantizar el resguardo de la soberanía nacional”, apuntó Alvarado.
ANA MARIA RODRÍGUEZ BRAZÓN
CORRESPONSABLE EL TIEMPO
CARACAS
Más noticias en EL TIEMPO
Sigue la espera ¿Cómo viven los colombianos en Venezuela sin atención consular?
Murió en custodia otro preso por trama de Pdvsa: Juan Almeida, operador de El Aissami