En el mes de febrero, el mandatario fue elegido nuevamente para un segundo mandato, a pesar de la prohibición de reelección inmediata en la Constitución. Su agrupación política conserva una destacada mayoría en el cuerpo legislativo, sobre la cual se basó para implementar reformas que posibilitaron su candidatura y que facilitan la aprobación de leyes con escaso balance de poder.
Ampliación del sistema de excepción
A partir de marzo de 2022, se estableció un estado de emergencia que anula ciertos derechos esenciales, tal como el derecho al debido proceso y limita las libertades civiles. Aunque se planeó en un principio como una medida temporal frente al incremento de asesinatos relacionados con pandillas, este régimen ha sido extendido en más de 30 ocasiones con el respaldo del legislativo.
Este sistema ha facilitado la captura de más de 85,000 personas de manera arbitraria, con fuerzas de seguridad combinadas desplegadas en gran medida. El número abarca a adolescentes retenidos bajo sospechas de estar ligados a organizaciones delictivas, una situación cuestionada por ponerlos en riesgo de procesos indebidos y sanciones.
Documentación de violaciones y críticas a nivel global
Organizaciones de derechos humanos han catalogado estas prácticas como violaciones sistemáticas: detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas, despidos forzados y graves debilidades en el proceso judicial hrw.org. Denuncias destacan que niños y adolescentes están siendo trasladados a cárceles convencionales para adultos, a pesar de estándares internacionales que prohíben tal práctica. Al menos 368 personas han muerto en esos recintos durante este periodo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que, aunque el régimen constitucional permite suspender garantías en emergencias, este debe ser proporcional y temporal. En este caso se ha convertido en una medida indefinida y abusiva, con severas consecuencias políticas y sociales .
Sistema penitenciario extenso y hacinamiento
Para dar soporte al régimen, se construyó el polémico CECOT, una instalación penitenciaria con capacidad para más de 40,000 reclusos, pero que opera en condiciones inhumanas: alto hacinamiento y régimen carcelario estricto. Esta mega-cárcel ha sido definida como un “agujero negro” de derechos humanos donde se priva de recreación y visitas, y se imponen castigos severos sin supervisión real.
Las cárceles en el país están desbordadas: el número de prisioneros ya ha sobrepasado los 94,000, mientras que la capacidad está entre 30,000 y 70,000 con la infraestructura recientemente añadida amnesty.org+4es.wikipedia.org+4theguardian.com+4. En un sistema extremadamente sobrecargado, son comunes las redadas masivas, veredictos automáticos y condiciones adversas que ponen en peligro la seguridad de los internos.
Apoyo popular y dilema democrático
Aunque se han sacrificado ciertas libertades, el régimen goza de un fuerte respaldo. Las autoridades argumentan que la medida es necesaria para proteger a los ciudadanos, y muchos ciudadanos la apoyan debido a la significativa disminución de asesinatos.
No obstante, entidades internacionales y actores legales han señalado que este sistema autoritario, respaldado por el poder legislativo fortalecido por el Ejecutivo, supone una degradación de los controles institucionales y el respeto al Estado de derecho.
Inquietud por niños y repatriados
Se ha suscitado una intensa polémica por el traslado de jóvenes a prisiones de adultos, lo que infringe derechos esenciales y pone en riesgo instalaciones que fueron creadas para situaciones específicas.
Adicionalmente, Human Rights Watch califica las deportaciones desde Estados Unidos como “desapariciones forzadas” cuando los retornados son encarcelados sin proceso o acusaciones justificadas.
Conclusión final: ¿protección sacrificando libertades?
Los resultados en materia de seguridad son innegables: El Salvador registra varios años con cifras históricas bajas de homicidios y en 2024 cerró con una tasa de 1.9 por cada 100,000 habitantes.
Sin embargo, la estrategia ha desplazado derechos fundamentales y debilitado radicalmente instituciones como Fiscalía y Corte Suprema, ahora plenamente subordinadas al Ejecutivo elpais.com.
El dilema es profundo: ¿vale la pena sacrificar garantas constitucionales, libertades civiles y derechos humanos por una seguridad autoprestigiosa? El futuro plantea desafíos: la institucionalización de este modelo y su permanencia tras el régimen de excepción.
